Cuando un niño es diagnosticado con cáncer, el tiempo se detiene para toda la familia. Entre hospitales, tratamientos y esperas, surge la necesidad de estar presente sin que eso signifique perder el sustento. La Ley Sanna ofrece ese respiro en un sistema que muchas veces deja a los cuidadores en segundo plano.
La Ley Sanna (N° 21.063), vigente desde 2017, es un seguro obligatorio que permite a padres, madres o cuidadores ausentarse de su trabajo para cuidar a niños y adolescentes con enfermedades graves, recibiendo un subsidio que reemplaza su sueldo. Entre las patologías cubiertas se incluyen el cáncer, trasplantes, accidentes graves y enfermedades terminales.
La Ley Sanna surgió como respuesta a la difícil realidad de familias que se veían obligadas a elegir entre cuidar a sus hijos o mantener sus empleos. A través de una cotización mensual del 0,03 % de las remuneraciones imponibles, este seguro financia un subsidio que cubre hasta el 100 % de la remuneración neta del trabajador, según la Superintendencia de Seguridad Social. De esta forma, padres y madres pueden estar junto a sus hijos en procesos de hospitalización o tratamientos complejos sin perder su ingreso.
El beneficio otorga permisos que van desde 45 días hasta 180 días, dependiendo de la enfermedad, y puede extenderse en casos críticos. Desde el 1 de enero de 2020, la cobertura se amplió para incluir también a niños en estado terminal, como lo informa la propia Suseso.
Avances y desafíos pendientes de la Ley Sanna
La implementación de la Ley Sanna ha sido reconocida como un avance significativo en materia de protección social. Ha permitido que cientos de familias puedan acompañar a sus hijos en tratamientos prolongados sin perder sus ingresos. Sin embargo, persisten barreras burocráticas: demoras en la tramitación, desconocimiento por parte de algunos empleadores y falta de difusión en los propios centros de salud.
Un análisis de Scielo Chile revela que otro problema es la exclusión de madres sin empleos formales o trabajadoras informales, que no cotizan y, por tanto, quedan fuera de este beneficio. Esto ha contribuido a la llamada feminización de la pobreza, ya que son principalmente mujeres quienes cargan con el rol de cuidadoras.
El impacto de género en el cuidado infantil
En Chile, solo el 38,5 % de los hogares tenía a una mujer como principal fuente de ingresos en 2017. Muchas de ellas han debido abandonar sus trabajos o reducir sus jornadas laborales para dedicarse por completo al cuidado de sus hijos enfermos. La Ley Sanna alivia la situación para quienes están formalmente contratados, pero deja fuera a un grupo significativo de madres que no cuentan con seguridad social.
Según HPH Chile, esto refuerza la necesidad de revisar la normativa para incluir a mujeres en empleos informales y trabajadoras independientes. De lo contrario, la carga económica del cuidado infantil seguirá recayendo en quienes menos respaldo tienen.